Diosdado Toledano, Pedro Montes y Susana López
Miembros de la Presidencia de Izquierda Unida
Antecedentes
La fórmula de consulta adoptada por el CPF con los votos favorables de los partidarios de Gaspar Llamazares y los votos en contra de los sectores críticos con la dirección actual de IU tenía muy serios inconvenientes.
En primer lugar, era un procedimiento que no ofrecía plenas garantías democráticas, es decir, que hiciera posible votar a todos los afiliados que quisieran participar y ejercer su derecho, tal como ha podido comprobarse con las numerosas quejas de que no llegó el sobre para votar, y que evitara la manipulación del voto, pues, a diferencia del voto por correo en unas elecciones políticas ordinarias, no había la obligación de mostrar la identidad del votante, y por tanto asegurar su carácter intransferible.
Según las referencias jurídicas existentes -la sentencia sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid parece concluyente- el método presenta dudas más que razonables en cuanto a su legalidad, pero situaba a sus detractores ante un grave dilema, pues recurrir ante los tribunales la decisión del CPF - antes o después- implicaba generar en la organización un conflicto en vísperas electorales, que sus militantes no se merecen.
En segundo lugar, el sistema de "democracia postal" -como fue calificado por sus críticos en el CPF- lejos de representar una fórmula innovadora de “democracia avanzada”, según expresaron algunos de sus defensores, en realidad significa todo lo contrario, pues en ausencia de un debate sobre contenidos políticos y programáticos en el conjunto de la organización y en condiciones de igualdad de los dos candidatos, favorecía descaradamente a Gaspar Llamazares, que por su dominio absoluto de los recursos de la organización y por su relación mediática tenía una posición privilegiada para movilizar al sector de afiliados más pasivo y que sigue la actividad de IU a través de los medios.
En cuanto al carácter “innovador” y “diferenciador” –respecto de otras fuerzas políticas- que le atribuyen, no pasa de ser un abuso propagandístico. Bastaría recordar los debates internos y públicos entre los candidatos del Partido Socialista francés en las recientes primarias, o los que enfrentaron a Almunia y Borrell en el PSOE (cuyos estatutos, por cierto, dan un tratamiento detallado y garantista en cuanto a la igualdad de todos los candidatos en el proceso) para que tales afirmaciones produzcan un cierto rubor.
Pero lo esencial, en definitiva, es que se trata un procedimiento que rompe lo colectivo, es decir, el debate y la toma de decisiones en las asambleas de base. Algo contrario a lo que son las tradiciones de configuración de las posiciones políticas en la izquierda y que entra en clara contradicción con lo que son las propuestas de IU sobre democracia participativa.
Un reglamento para ser incumplido
El reglamento aprobado fijaba unos plazos tan cortos que hizo imposible corregir los errores de todo tipo de los censos y depurarlos de quienes hubieran causado baja, contemplando las nuevas incorporaciones. El despropósito fue que solo se permitían las comprobaciones de figurar en el censo de manera individual y se negaba la posibilidad de que las organizaciones de base conocieran los afiliados que se les habían asignado, de manera que pudieran corregir o reclamar. Nos hemos encontramos, así, ante la paradoja de que afiliados activos y al corriente de sus cuotas no han podido votar porque no les llegó el sobre de votación, mientras que otros, que habían abandonado IU pero continuaban en el censo no depurado, han podido votar.
La infraestructura de la organización tampoco estaba preparada para una consulta de este tipo, en un periodo tan corto, conocidos como eran los errores de los censos y su falta de actualización. Hacer una consulta en estas condiciones era admitir de antemano que nunca sabríamos quiénes eran las personas realmente consultadas. El mismo plazo señalado en el reglamento para cerrar la recepción de votos era tan escaso, como quedó demostrado, que tuvo que ampliarse de manera significativa.
Estos graves inconvenientes no podían ser desconocidos para los proponentes de este tipo consulta, pero debieron hacer caso omiso de ellos pues pensaron que posiblemente era la única fórmula que garantizaba el triunfo del Coordinador.
Desarrollo de la consulta
Sobre las arenas movedizas de un censo de 58.000 personas plagado de errores y un mecanismo de voto postal sin garantías, se ha tratado de seguir un procedimiento con apariencia de riguroso y ecuánime, pero lo cierto es que todo el desarrollo de la consulta ha tenido defectos muy importantes y se han seguido unas prácticas bastante criticables.
Se ha pretendido hacer creer que la Comisión Electoral tenía una composición paritaria de las dos candidaturas, cuando en realidad de sus ocho miembros sólo tres representaban la candidatura Marga Sanz. Los otros cinco eran todos partidarios de la candidatura de Gaspar Llamazares. Dicha Comisión ha tenido que dirimir algunos puntos polémicos que siempre se han resuelto a favor de los intereses del Coordinador.
Así, la petición de ampliar fechas para poder llevar a cabo una correcta exposición de censos ante los afiliados en los locales naturales de las Asambleas, la posibilidad de corrección de los mismos y las demandas en caso de no-recepción de las cartas no se atendió. Dado que en esta fase del proceso no hubo participación de la candidatura alternativa, es difícil demostrar, pero así ha sucedido, que los considerados partidarios de Gaspar Llamazares han tenido más facilidades para comprobar y corregir los censos.
Desde un primer momento estuvo claro que IU como tal no iba a facilitar el “mailing” con sendas cartas de las dos candidaturas, o bien su inclusión en el sobre con las papeletas de votación. Los representantes de la candidatura de Llamazares se opusieron con el argumento de la falta de recursos económicos, pero a renglón seguido propusieron en la Comisión electoral que cada uno de ellos, si quería dirigirse a todos los afiliados, tendría que pagar por su cuenta los gastos de impresión y envío de forma separada, lo que duplicaba el coste económico de la operación, pero, sobre todo, impedía el “mailing” de la candidatura de Marga Sanz, que no contaba con recursos para ello, mientras que los promotores de la candidatura de Gaspar Llamazares reunían, de la noche a la mañana, los 23.000 euros necesarios, sobre cuyo origen no existe la mínima transparencia exigible en una consulta democrática.
Es más, los sobres con la carta de Llamazares fueron depositados en correos, según informaron, antes que los sobres para la votación. Consideramos que esta ha sido la discriminación más grave en el proceso desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de ambas candidaturas, en función de quien tuviera o no recursos para costearse la campaña, como un mal remedo de las primarias USA y un hecho inconcebible en una organización democrática y de izquierdas.
Sin embargo, en los sobres enviados con las papeletas de votación se incluyó una carta del Secretario de organización en la que, con el pretexto de explicar el sistema de votación, se ensalzaba éste y sus virtudes democráticas. Ni la carta ni la decisión de enviarla pasó por la Comisión electoral.
Se ha tenido constancia de que en muchas localidades las cartas no han llegado, creándose un vacío para ejercitar el derecho voto imposible de cubrir, dado el sistema de sobre único con código de barras por afiliado, que no podía ser sustituido. No se sabe que ha pasado con las cartas, pero cabe resaltar que más del 50% de las enviadas, 30.000 por lo menos, ni han regresado como votos ni han sido devueltas por el correo por fallos de dirección. Apenas ha llegado una docena comunicando que la persona destinataria ya no era afiliada a IU. Finalmente, reconocer que el control de las cartas recibidas de vuelta ha sido correcto, así como toda la mecánica de la apertura de sobres y recuento de votos. Por último, indicar que la propuesta de dar a conocer los resultados de cada candidatura por federaciones fue rechazada en la Comisión electoral y no se ha realizado.
La baja participacion lastra la victoria de Gaspar LLAMAZARES
Los promotores de esta insólita y extraña “consulta postal” a la afiliación y su candidato han resultado vencedores…. Sin embargo, la imagen triunfalista que quieren dar no encaja con una lectura serena de las votaciones. En efecto, los 13.626 votos a la candidatura de Llamazares no alcanzan el 24% de la afiliación de IU (58.608 según el censo federal). Más allá de la exactitud de un censo que, como hemos señalado anteriormente, no ha habido voluntad politica para corregirlo como consecuencia de un reglamento que lo hacía imposible, la participación ha sido del 37%. La abstención de un 63 % de la supuesta afiliación es un dato muy grave para una organización que pretende transformar la sociedad y que hace del impulso de la participación y la democracia sus banderas.
Una necesaria reflexión se impone: el método elegido para preparar la victoria de Gaspar Llamazares no ha servido para estimular la participación de una gran parte de la afiliación, y tampoco para mejorar la imagen pública de la organización. El resultado de la consulta, con todo, tiene mucha mayor incertidumbre en cuanto a lo que piensa realmente el sector más activo de la organización y las posiciones políticas que mantiene. La extensión incontrolada del voto, los fallos detectados en la distribución de cartas, la falta de garantías sobre la intransferibilidad de los votos emitidos, introducen incógnitas de difícil superación para una valoración política correcta de la consulta, lo cual, dado el esfuerzo personal y económico que implicaba, es otro dato negativo a imputarle, un nuevo inconveniente a resaltar.
Apoyándonos en esta ambigüedad de los resultados, lo primero que hay que poner en tela de juicio es la interpretación que el Coordinador y candidato electo ha dado a la consulta. Se trata, según sus declaraciones, del apoyo a una línea política, la aplicada por él durante esta legislatura, y del respaldo a una concepción de IU que él representa. Entendemos que su victoria en la consulta no puede valorarse con tanto oportunismo, dados los elementos que la empañan y las ventajas indiscutibles de que ha gozado para erigirse en el candidato de IU a las próximas elecciones generales. Su notoriedad pública, después de ser durante años prácticamente la única cara conocida de IU, el respaldo mediático con que cuenta, las dificultades para dar a conocer la candidatura Marga Sanz -cuya actuación sobresaliente debe resaltarse, sobre todo al explicar el carácter plural y colectivo del proyecto que representa- y el temor de muchos militantes a apostar en mitad de la carrera por un caballo nuevo (por cierto, cómo y cuando si no se va a llevar a cabo la renovación en los cargos que exigen los estatutos de IU), han debido influir decisivamente en el resultado final.
En cualquier caso, este es un resultado que sólo sirve para designar al candidato de IU, porque las otras cuestiones, como el balance político de la legislatura y como la naturaleza del proyecto político de IU en el futuro habrán de resolverse en la próxima Asamblea general, cuya expresión política puede ser muy distinta a la propugnada por el candidato que ha salido de los sobres del correo. A tenor de sus primeras reacciones, sin embargo, parece que Gaspar Llamazares no ha podido resistir la tentación de considerar la consulta como un plebiscito a su política, lo que puede tener consecuencias negativas, cuando la tarea pendiente es cohesionar a la organización para dirigirse a los ciudadanos y reclamar su voto en unas condiciones electorales que nos son siempre adversas.
No tomar en cuenta los más de 8,000 (casi el 40% de los emitidos) de Marga Sanz y su significado político en una organización políticamente dividida es profundizar la división y apostar por el fracaso. El programa y las candidaturas deben recoger la pluralidad de IU por su propio bien. Por lo demás, sería deseable que el respeto a los resultados de la consulta que se exigirá a todos los afiliados de IU, a las organizaciones y a sus dirigentes sea idéntico al respeto que cabe exigir a los vencedores para que no hagan un uso oportunista de ellos, marginen a quienes disientan e impongan sus puntos de vista antes de unos debates y tomas de posición política que están por hacerse en la próxima Asamblea general y que deben llevarse a cabo de manera democrática -esperemos que esta vez sí- en el seno de la organización.
